Controversia por Clausura de Farmacia Tras Robo en La Cisterna: ¿La Víctima es el Responsable?

Un robo coordinado en una farmacia Salcobrand en la comuna de La Cisterna ha desencadenado una polémica inesperada que ha puesto en el centro del debate la responsabilidad de las empresas y el estado frente a la delincuencia. A mediados de la semana pasada, un grupo de 11 personas ingresó a la farmacia y ejecutó un robo tipo «turbazo», un modus operandi en el que varios delincuentes irrumpen en un establecimiento para robar en cuestión de minutos.

Sin embargo, la situación tomó un giro insólito cuando la Inspección del Trabajo, a través de la fiscalizadora Marcela Núñez, resolvió suspender la atención al público en la farmacia, en efecto clausurándola temporalmente. La razón esgrimida fue que el robo atentó contra la seguridad de los trabajadores, y que la farmacia no había dispuesto de medidas de seguridad suficientes para proteger a su personal.

Este hecho ha generado una ola de críticas y un amplio debate sobre la responsabilidad de las empresas frente a la delincuencia. La decisión de la Inspección del Trabajo ha sido calificada por muchos como una «victimización secundaria», al culpar a la farmacia, que ya había sido objeto de un violento robo, de no haber podido prevenir el delito.

«La responsabilidad de las empresas es garantizar la seguridad en el ámbito laboral y en el desarrollo de sus funciones habituales, pero no pueden ser responsables de la seguridad pública frente a actos delictivos. Esa es una tarea del Estado«, argumentan expertos en derecho laboral.

La Dirección del Trabajo, por su parte, emitió un comunicado apoyando la medida adoptada por la fiscalizadora, reafirmando que la seguridad de los trabajadores es una prioridad y que las empresas deben tomar todas las medidas necesarias para proteger a su personal, incluso ante situaciones de delincuencia.

Esta decisión ha desatado un debate sobre el rol del Estado en garantizar la seguridad pública y la protección de las empresas y sus trabajadores frente a la creciente ola de delincuencia. «Es evidente que estamos frente a una injusticia institucional«, comenta un analista, «el Estado no debe renunciar a su deber de garantizar la seguridad pública, y decisiones como esta solo contribuyen a agravar la sensación de indefensión tanto para los comerciantes como para sus empleados«.

Como los turbazos se están haciendo común en todo el retail, se imaginan si el gobierno, a través de la inspección del trabajo, clausura un supermercado o una gran tienda… sería una aberración con todas sus letras.

El caso de la farmacia Salcobrand en La Cisterna se ha convertido en un símbolo de la frustración que sienten muchos empresarios y trabajadores frente a una delincuencia que parece imparable y una respuesta institucional que, en lugar de proteger, parece agravar la situación de las víctimas.