La rápida expansión de los denominados malls chinos en Chile ha capturado la atención de consumidores y autoridades por igual. Lo que en apariencia parecían íconos de precios bajos y gran oferta —tiendas llenas de productos a bajo costo— hoy concentra una serie de advertencias desde gremios empresariales, servicios fiscales y estudios técnicos que apuntan a un fenómeno comercial con costos sociales, económicos y legales que van más allá de su popularidad.
Según cifras oficiales y gremiales, estos centros comerciales proliferaron en los últimos años ocupando espacios vacantes en el comercio tradicional y capturando grandes flujos de consumidores en ciudades como Santiago, Concepción y regiones del norte y sur del país. El impulso de importaciones directas desde China, facilitado por el Tratado de Libre Comercio vigente desde 2006 y profundizado en 2019, ha permitido que productos ingresen con arancel cero —solo pagando IVA— y se vendan a precios que muchos clientes chilenas consideran irresistibles.
Sin embargo, detrás de esa oferta de bajo costo, las autoridades y gremios han detectado una formalidad parcial que genera “competencia desleal” frente al comercio establecido y erosiona la recaudación fiscal. Un estudio de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) realizado en 62 establecimientos reveló que solo un 38,7 % de los locales exhibe su patente comercial de manera visible, mientras que gran parte opera con documentación incompleta o dudosa, y un 17 % presenta productos claramente no originales o sin certificación sanitaria.
Estas brechas no son solo un problema normativo: también se traducen en impactos concretos. El Servicio de Impuestos Internos (SII) intensificó sus fiscalizaciones en 2025 con más de 2.747 inspecciones en terreno, que resultaron en 332 infracciones y 229 clausuras temporales, además de multas que superaron los $63 millones por irregularidades como la no emisión de boletas obligatorias. En algunas fiscalizaciones incluso se instaló personal de forma permanente dentro de los malls para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, ante la constatación de que, una vez retirados los fiscalizadores, los comercios tendían a retomar prácticas irregulares.
La evasión fiscal va más allá de la emisión de boletas: en regiones también se han detectado redes que operan con empresas “fantasma” y facturas falsas, como un caso en Valdivia donde dos empresarios fueron formalizados por una red de hasta 20 compañías utilizadas para generar créditos de IVA inexistentes, con un perjuicio fiscal superior a los $310 millones.
Esta combinación de formalidad aparente e informalidad real genera tensiones con los comercios tradicionales que sí cumplen con todas las exigencias tributarias y sanitarias. Dueños de locales con décadas de presencia advierten que sus clientes terminan comprando barato pero asumiendo riesgos en calidad, certificación y seguridad de los productos. Además, la percepción de competencia desleal ha motivado llamados a reforzar la acción del SII, del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) y de las autoridades sanitarias para proteger no solo la recaudación fiscal, sino también la salud y los derechos de los consumidores.
La historia de los malls chinos en Chile, por lo tanto, supera el simple debate de precios y preferencias de consumo: se trata de un segmento comercial que ha logrado una expansión notable, pero que también ha puesto de manifiesto las debilidades institucionales en fiscalización, la necesidad de una regulación más estricta y una discusión profunda sobre la equidad en el mercado retail chileno.
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