Controladores de Supermercado Diez escalan disputa con Metro por obras de la Línea 7

Un conflicto surgido a raíz de las obras de la futura Línea 7 del Metro de Santiago llegó esta semana hasta la Corte Suprema, luego de que la familia Diez Abusleme, controladora de la cadena Supermercado Diez, decidiera judicializar una controversia relacionada con el uso de terrenos en la comuna de Vitacura.
La disputa se origina en un inmueble comercial ubicado en la intersección de avenida Vitacura con Las Catalpas, donde funciona el local La Fortunata, propiedad de la inmobiliaria Greco-Mar, vinculada al grupo familiar. Según los antecedentes expuestos por los propietarios, durante el desarrollo de las faenas Metro habría extendido el área de intervención más allá de los límites establecidos en el proceso de expropiación iniciado en 2020.
Alegaciones por uso no autorizado del terreno
De acuerdo con la presentación judicial, en octubre del año pasado representantes del recinto detectaron demarcaciones realizadas por personal de Metro en una zona clave del terreno, correspondiente al acceso de camiones desde avenida Vitacura. La franja involucrada abarcaría cerca de tres metros y, según la familia, no estaría incluida dentro de los terrenos formalmente expropiados.
Tras esta situación, los propietarios recurrieron inicialmente a la Corte de Apelaciones, instancia que rechazó el recurso de protección interpuesto a fines de 2025. No conformes con esa resolución, en enero de este año presentaron un nuevo requerimiento ante la Corte Suprema, el que actualmente se encuentra en etapa de revisión.
Desde la defensa de Greco-Mar sostienen que, tras analizar los títulos de dominio tanto del lote expropiado como de terrenos colindantes, existiría no solo una amenaza a la propiedad, sino una ocupación efectiva de áreas no contempladas en la expropiación, presuntamente utilizadas por el contratista a cargo de las obras.
Metro, en tanto, ha rechazado las imputaciones y afirma que el proceso expropiatorio se realizó conforme a la normativa vigente, asegurando que ejercerá su defensa en las instancias judiciales correspondientes. En su presentación, la familia Diez Abusleme solicitó la paralización de las obras en el sector en disputa, la restitución de la franja cuestionada y el pago de las costas del proceso.
El caso introduce un nuevo foco de tensión en torno al avance de una de las principales obras de infraestructura urbana del país, con implicancias directas para operadores comerciales y propietarios ubicados en el eje oriente de Santiago.